EL COLAPSO actual en las Oficinas de extranjería, que se venía arrastrando desde antes del estado de alarma, no ha hecho sino agravarse tras las medidas sanitarias adoptadas por el Ministerio del Interior a consecuencia de la pandemia Covid diecinueve, debido a la imposibilidad de atención presencial y la acumulación de carga de trabajo que todo ello ha supuesto.
Las protestas de los inmigrantes y de los profesionales que los representan, se han aumentado debido a la flagrante transgresión de sus derechos fundamentales, en la medida en que no han podido acceder a una cita previa para poder efectuar los trámites de extranjería tendentes a regularizar su situación en España.
A tenor de ello, tras las protestas incesantes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para pedir protección internacional y efectuar distintos trámites de extranjería en dependencias policiales.
En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta el momento para paliar esta situación prosiguen siendo deficientes para dar contestación a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que asimismo se realizan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de convidación, etc.
Las protestas por las demoras excesivas para conseguir una cita previa no forman una novedad para dicha Corporación, que lleva tiempo advirtiendo sobre los problemas y contrariedades a los que se encaran los ciudadanos extranjeros por esta razón, habiendo dictado numerosas resoluciones a este respecto.
Así, ya en el mes de diciembre de dos mil dieciocho, el Defensor dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un recordatorio de deberes legales a fin de que se entregase un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener perseverancia de que numerosos ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para conseguir una cita para poder pedir protección internacional, que después se otorgaba sin resguardo acreditativo y para un año después.
Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, al unísono que trasladaba a dicho departamento su preocupación por otra serie de faltas relacionadas con el procedimiento.
En este sentido, a la Corporación le preocupa en especial -y de este modo se lo ha trasmitido al Ministerio del Interior- que se garantice el derecho que asiste a los solicitantes de protección internacional de efectuar la entrevista en una dependencia adecuada y que el funcionario que la realice tenga la formación precisa.
Por todo ello, y tal como refleja el Informe Anual dos mil diecinueve, el Defensor solicitó que se examinase con emergencia la colaboración de la Policía Nacional para encarar la gestión de las peticiones de asilo, en lo que se refiere a la asignación de citas anteriores, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación, encontrándonos a fecha de el día de hoy con un trámite más afianzado y más garante con los derechos del extranjero, procediendo a conferir al ciudadano extranjero de una documentación identificativa en el momento que manifiesta la voluntad de solicitar el asilo y con validez hasta el día de la cita asignada, dónde se empezará la tramitación del expediente de protección internacional. cita para poner huellas
No obstante, proseguimos con la demora en las asignaciones de la cita para empezar el trámite, lo que acarrea una limitación en los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como un retraso excesivo en la resolución de las peticiones.
Para el Defensor del Pueblo, el papel de la Policía Nacional ha resultado imprescindible para abordar el fuerte incremento de solicitudes en un plazo cortísimo de tiempo, pero esa cooperación que se planteó como algo puntual se está alargando en el tiempo, provocando importantes disfunciones en el sistema.
Por todo ello, a fecha de el día de hoy, todas las partes implicadas debiesen reunir esfuerzos para solventar la problemática planteada, trabajando para ir en la dirección adecuada, facilitando una mayor accesibilidad en los trámites de extranjería, tanto a los ciudadanos extranjeros como a los profesionales que, en definitiva, son los garantes de sus derechos y en quienes los ciudadanos extranjeros depositan su confianza, exigiendo por su parte por la parte de éstos una conducta profesional íntegra, honrada, leal y diligente.
David Barrachina Gil es miembro de Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y Presidente de la Sección de Extranjería
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